La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder una grabación de treinta minutos, revelada por la abogada Gloria Patricia Jaramillo, que puso en evidencia las presuntas prácticas irregulares en la Secretaría de Inclusión Social de Medellín durante la administración de Daniel Quintero.
Esta reunión, que se habría celebrado el 6 de agosto de 2021, reveló que el presupuesto de la Alcaldía de la ciudad habría sido mal elaborado, dejando algunas dependencias sin los recursos necesarios para el resto del año.
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Isabel Cristina Cadavid, quien fungía como asesora de despacho de Juan Pablo Ramírez, secretario de Inclusión Social, lideró la reunión. Pero la funcionaria también estaba acompañada por directores y subsecretarios de la entidad, con quienes habló de implementar un “tetris financiero” para aumentar la contratación directa y evitar que la prensa descubriera la crisis financiera.
“En ese orden de ideas estamos muy deficitarios, la idea es que empecemos a mirar, si no nos llega la plata, que es probable que no llegue, o llegue en las fechas que no la necesitamos, qué vamos a hacer”, señaló la funcionaria de Ramírez.
Durante la reunión, se escuchó a Cadavid decir: “A hoy, no hay flujo de caja en la Alcaldía. Lo que nos pasen, es porque están quitándoselo a otras secretarías”. Esto implicaba que debían ajustar sus números y decidir qué programas dejarían de atender por falta de recursos. Uno de los comentarios más polémicos fue cuando Cadavid expresó: “Niñez es la única que tiene que sufrir”, provocando risas entre los asistentes, lo que fue interpretado como una broma de mal gusto.
Según comentó a Semana uno de los asistentes a ese evento, el comentario de Cadavid no era una sentencia sino una burla, ya que la unidad de niñez era la única con presupuesto adecuado. Sin embargo, la grabación también reveló que durante la reunión, Santiago Preciado, subsecretario técnico y mano derecha de Ramírez, instruyó a los asistentes a unificar el discurso y a ser cautelosos con la prensa. Aparentemente, les dijeron: “Mucho cuidado con la atención a medios”.
Incluso, Cadavid interrumpió al subsecretario para advertir que “esto nos sobrepasó a todos, pero no lo vamos a decir porque tenemos que cubrirnos como administración”, y entregando detalles de cómo actuar en caso de ser increpados por la prensa, porque no atenderla no era una opción.
La grabación, que está en poder de la Fiscalía desde hace más de dos años, aún no ha resultado en decisiones judiciales. Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez criticó duramente estas revelaciones: “No solamente saquearon y se robaron a Medellín. El impacto negativo en los programas sociales es muy fuerte. Recibimos la ciudad con un retroceso de 10 años”.
Pero las conversaciones grabadas indican que la crisis fiscal del municipio no solo afectaba a la Secretaría de Inclusión Social, sino también a otras dependencias como Educación y Salud. En la grabación se escucha también cuando Cadavid menciona que la administración había hecho el presupuesto del 2021 basándose en ingresos variables, como las transferencias de EPM y los superávits del periodo anterior, sin prever que estos se verían afectados por la pandemia y la contingencia de Hidroituango.
Durante la reunión, Cadavid y Preciado sugirieron que las directivas de programas se “pusieran creativas” para encontrar maneras rápidas y baratas de contratación, incluso si esto implicaba saltarse las licitaciones públicas. De hecho, la asesora del entonces secretario de Inclusión Social indicó que, por ejemplo, los recursos para el plan de alimentación escolar (PAE) no llegarían a tiempo, obligándolos a iniciar un nuevo proceso de contratación urgente, eludiendo la normativa de licitación.
“El PAE, que en este momento tiene $24.000 millones, no lo hemos suscrito esperando que lleguen los otros recursos que faltan, pero dadas las condiciones yo creo que por licitación ya no te va a dar para montarla, esa es una realidad que tenemos que asumir”, se oye decir a la asesora.
La situación también era problemática desde un punto de vista legal. Según la grabación, los funcionarios eran conscientes de las implicaciones legales que desatender programas sociales y optar por modalidades de contratación inadecuadas podrían traer, como lo indicó Cadavid: “Tendremos que prepararnos para investigaciones y minimizar riesgos”. Además, se discutió abiertamente la posibilidad de buscar argumentos jurídicos para justificar estas acciones y así evitar sanciones disciplinarias, fiscales o penales.
También se divulgó que la estrategia para enfrentar la crisis consistía en reducir o parar varios programas sociales fundamentales, como los destinados a adultos mayores en pobreza y habitantes de calle. Santiago Preciado, subsecretario técnico de Quintero, también destacó la importancia de mantener una narrativa unificada y de evitar culpar a la Secretaría de Hacienda o cualquier otra dependencia por la crisis, siguiendo una orden directa del alcalde para proteger la administración.
“Esto taxativo, el alcalde lo dijo así: el que le eche la culpa a Hacienda se va, porque esto no es culpa de nadie”, advirtió Preciado.
[Collection]Isabel Cristina Cadavid, asesora de despacho, describió un “tetris financiero” para ajustar recursos y evitar la fuga de información a la prensa. Además, habrían pedido descuidar programas para transferir fondos a otras dependencias