, 11 Jul. 23 (ACI Prensa).- La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un comunicado con el fin de aclarar algunos dichos del Procurador General del Estado, quien pidió una revisión “urgente” del Concordato con el Vaticano.
A través de su cuenta de Twitter, Wilfredo Chávez, Procurador General de Bolivia, anunció este 29 de junio: “He solicitado oficialmente se revise el Concordato con el Vaticano de 1851, que en términos medievales somete al Estado a una fe e incorpora el derecho canónico”.
Un concordato es un acuerdo o tratado internacional entre la Santa Sede y un Estado, que establece el régimen jurídico de la Iglesia Católica en la sociedad.
“Esto no debe impedir la aplicación obligatoria del derecho boliviano y sus tipos penales a todos. ¡Esta revisión es urgente!”, agregó el funcionario.
Sus declaraciones son una reacción a un tweet del usuario @bluedejavu que expresa: “El derecho canónico considera el abuso sexual de niños como una infracción moral y no un delito. Por eso ante casos de #PederastiaClerical como dicen nuestros amigos de @sobrevive_chile NO se denuncia ante la iglesia, se denuncia a la iglesia”.
A través de la Comisión de Comunicación, la Conferencia Episcopal aclara que dicho Concordato nunca entró en vigencia, ya que el Congreso Nacional no lo ratificó.
Esta información, explica, puede corroborarse en obras de referencia, por ejemplo, el Diccionario Histórico de Bolivia.
Asimismo, detalla que “no existen términos ‘medievales’" en las relaciones con la Santa Sede ni con la Iglesia Católica, sino que Bolivia es un Estado laico.
Desde 1880, expuso, se reconoce en el país el ejercicio público de todas las religiones. Por lo tanto, "nadie ‘somete al Estado a una fe religiosa’”, continúa el comunicado.
Si bien el Estado reconoce el Derecho Canónico como "regulación interna de la Iglesia", este "no se antepone a la normativa nacional y no exime a un católico a cumplir con las leyes del Estado", agrega.
Por todo esto, el Episcopado llama “a la prudencia y a profundizar en las relaciones positivas" entre el Estado y la Iglesia.
En ese sentido, pide tener en cuenta “los muchos puntos de trabajo común en servicio de todos los bolivianos”.
Además, recuerda que “todo bautizado dentro la Iglesia, su personal de servicio pastoral y sus ministros consagrados" son ciudadanos iguales a todos los demás ante la ley boliviana.
Por eso, expresa su deseo de “promover el desarrollo y el bien común" con el aporte desde la fe y los valores cristianos.
Finalmente, invita a los funcionarios a “reflejar en sus declaraciones estos principios de colaboración que nos inspiran”.
