, 22 Jun. 23 (ACI Prensa).- Bill Cassidy, senador republicano por el estado de Luisiana, y Tim Kaine, senador demócrata por el estado de Virginia, presentaron un proyecto de ley a favor de los 222 presos políticos que fueron deportados a Estados Unidos por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en Nicaragua.
Según señala un comunicado publicado el 21 de junio, si se aprueba la “Ley de apoyo a los presos políticos de Nicaragua”, estos podrían acceder “a los servicios básicos ofrecidos por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”.
“Estos nicaragüenses son líderes políticos que se atrevieron a desafiar al dictador asesino y a tratar de destituirlo”, comentó al respecto el senador Cassidy.
“Nuestros llamados a la justicia ayudaron a liberar a estos prisioneros. Ahora debemos ayudarlos en la próxima fase de su lucha contra el brutal régimen de Ortega-Murillo”, agregó.
Por su parte, el senador Kaine señaló: “La decisión del gobierno de Nicaragua de detener injustamente, torturar y luego expulsar a Estados Unidos a 222 nicaragüenses que se han manifestado en contra del régimen de Ortega es abominable”.
“Este proyecto de ley bipartidista ayudará a brindar a estos valientes nicaragüenses la asistencia que necesitan para establecerse en los Estados Unidos, donde se unirán a generaciones de estadounidenses que han llegado a nuestras costas después de enfrentar la persecución en todo el mundo”, subrayó.
Félix Maradiaga, ex candidato presidencial en Nicaragua, indicó a EWTN Noticias este 22 de junio sobre el grupo de 222 ex presos políticos: “Fuimos arbitrariamente desterrados de Nicaragua, privados de la nacionalidad, y eso hace muy difícil que podamos continuar nuestro trabajo de incidencia pro democracia y en derechos humanos”.
“Esta iniciativa nos otorgaría de manera acelerada el estatus de refugiado de conformidad a la ley de inmigración en Estados Unidos, particularmente en el título 207 de esta ley”, precisó.
Este proyecto, continuó, “es una forma de contribuir a la lucha por la democracia de Nicaragua y darle a este grupo de defensores de derechos humanos y de ex presos políticos las posibilidades para una ruta migratoria rápida”.
“Recordemos que un grupo ya aceptó la oferta de ser ciudadanos españoles, pero otras personas que no han adoptado la ruta de la ciudadanía española tendrán esta alternativa como mecanismo de formalización”, concluyó.
El 10 de febrero de este año, 222 presos políticos fueron deportados de Nicaragua. El régimen los despojó de la nacionalidad nicaragüense y hace poco confiscó sus bienes en el país.
Un día antes, el 9 de febrero, Mons. Rolando Álvarez, rechazó ser parte del grupo deportado y prefirió quedarse en Nicaragua, acompañando a los presos políticos que aún están en las cárceles del país.
El 10 de febrero fue sentenciado injustamente a 26 años y 4 meses de prisión, uno de los más graves atropellos de la dictadura de Daniel Ortega en su continua persecución contra la Iglesia.
Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense autora del informe “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?”, da cuenta de al menos 529 ataques de la dictadura contra los católicos en el país desde 2018.
