, 29 May. 23 (ACI Prensa).- El sábado 27 de mayo la Policía Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, publicó un comunicado en el que acusa a la Iglesia Católica de varios delitos como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento según señalan defensores de los derechos humanos.
El comunicado refiere que la policía realizó “investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis del País”, como las de Matagalpa y Estelí.
El texto indica también que con las investigaciones se “confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se habían ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en Diócesis de distintos Departamentos”.
Un día antes, de acuerdo a lo informado por diversos medios de comunicación, el régimen había ordenado congelar las cuentas de las diócesis y parroquias del país.
El comunicado del sábado precisa que la Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero, organismos controlados por el régimen, “han confirmado movimientos delictivos con fondos que, para las Diócesis, han ingresado irregularmente al País y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos”.
El texto señala, además, que la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal y al Arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las Diócesis “de manera que se cumpla en todo momento con las Leyes del País, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo”.
“Es ridículo”En declaraciones a ACI Prensa este lunes 29 de mayo, Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y exiliado defensor de los derechos humanos, afirmó que “es imposible que la policía haya encontrado estos supuestos dineros ilícitos en la Diócesis de Matagalpa, porque esa diócesis ha estado, tanto la casa cural como muchas de las parroquias, bajo intervención policial durante los últimos seis meses”.
“Eso es absolutamente inaceptable, pero además es orwelliano. Es ridículo que la misma casa cural, de donde fue sustraído Mons. Rolando Álvarez, ahora se señale como el punto de actos ilícitos”, precisó Maradiaga, deportado a Estados Unidos el pasado 9 de febrero junto a otros más de 200 ex presos políticos.
Mons. Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, estuvo secuestrado por el régimen durante meses, antes de ser condenado injustamente a 26 años y 4 meses de cárcel, sentencia que cumple desde el 10 de febrero.
Maradiaga destacó que, con las acusaciones de la policía contra la Iglesia, “el régimen está usando argumentos totalmente desproporcionados para desmontar la presencia de las diócesis, sobre todo la de Matagalpa y la de Estelí”.
“La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua continúa. La dictadura no se frena en su intento de acallar la voz profética y pastoral de la Iglesia”, lamentó.
“Guerra en contra de toda la Iglesia”Por su parte, Martha Patricia Molina, abogada e investigadora nicaragüense, autora del informe “Nicaragua, ¿Una Iglesia perseguida?”, indicó a ACI Prensa que con el comunicado de la policía “la dictadura confirma su guerra en contra de toda la Iglesia nicaragüense, y más con la opción de haber congelado las cuentas bancarias de las diferentes diócesis del país, de parroquias y también de colegios parroquiales”.
“La dictadura hace uso del poder judicial, del sistema de justicia nicaragüense, que no se apega a la Constitución política ni a las leyes del país, sino que sólo sigue órdenes de lo que dice la pareja presidencial de Nicaragua”, explicó.
“Sin duda alguna este es un proceso que está lleno de arbitrariedades desde el inicio hasta el final. Creo que ya tienen preparada ellos la sentencia que le van a entregar a la Iglesia Católica nicaragüense, recordando que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa, la vicepresidenta, en múltiples ocasiones se han referido a la Iglesia Católica como una mafia organizada, terrorista y delincuente”, continuó la experta, que ahora vive en el exilio.
Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, en un acto público, Ortega afirmó que Cristo “vive en los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia”.
Molina declaró a ACI Prensa que en la investigación contra la Iglesia “se va a obviar el principio de inocencia, o sea ya están viendo a la Iglesia Católica como culpable”.
Situación caóticaMartha Patricia Molina señaló asimismo que “hay una situación caótica en estos momentos, porque, también a finales de mes, todas las parroquias tienen que cumplir con sus obligaciones y también los colegios parroquiales, con el pago de servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono y el personal”.
“Muchas familias se están quedando sin su derecho a trabajar. Los profesores que dan clase en las parroquias se van a quedar sin dinero, sin su salario. Cuando uno vulnera un derecho humano, vulnera al resto”, agregó la especialista.
“La dictadura, una vez que congela las cuentas, el próximo paso que suele dar es la confiscación de los bienes, y en este caso posiblemente vayan a hacer lo mismo. Yo creo que la dictadura está pretendiendo asfixiar económicamente a la Iglesia, pensando que de esa manera van a dejar de llevar esa voz profética. Pero la Iglesia va más allá de las cuentas bancarias”, aseguró.
Molina refirió que en Nicaragua “las leyes anti-lavado se están usando únicamente para criminalizar a personas e instituciones que piensan diferente al gobierno, instituciones que reclaman la paz, la justicia y el establecimiento del orden democrático”, como la Iglesia Católica.
“Los países también tienen que condenar esta acción tan injusta que se está llevando en este momento en contra de los clérigos”, subrayó.
Se pronuncia el Cardenal BrenesEn la homilía de la Misa que presidió en la Catedral de Managua el domingo 28 de mayo en la fiesta de Pentecostés, el Cardenal Brenes aludió a la situación que están viviendo las parroquias.
El Purpurado animó a los fieles a “no perder la calma” y tampoco “escuchar muchas noticias, muchas publicaciones que exageran”.
“Dicen ‘fuentes fidedignas’, pero nunca se revela la fuente fidedigna, así que mantengamos la calma, la tranquilidad, y sin duda alguna el Espíritu Santo es el que va llevando a esta Iglesia y pronto tendremos las soluciones respectivas”, continuó.
“Nuestras parroquias siguen trabajando. Hemos vivido crisis difíciles, como el tiempo de la pandemia, pero el Espíritu sostiene a las parroquias y también la generosidad de todos ustedes”, resaltó el Cardenal.
“Así que los invito a mantener siempre la calma y no dejarse influenciar por redes y noticias que verdaderamente exageran. Yo las leo poco, pero a veces me las mandan ahí y me da risa ver todo lo que dicen, porque no encuentro fundamento en ellas”, comentó el Arzobispo de Managua.
Hasta la publicación de este artículo, ni el Cardenal Brenes ni los obispos de Nicaragua se han pronunciado sobre la decisión de la dictadura respecto al congelamiento de las cuentas bancarias, ni sobre las acusaciones de delitos como el lavado de dinero.
Sobre lo dicho por el Cardenal Brenes, Martha Patricia Molina indicó a ACI Prensa que los medios lógicamente no van a revelar sus fuentes “en ningún momento, porque hay que proteger su identidad”, ya que, si se da a conocer el nombre, “inmediatamente la dictadura va a empezar un proceso criminal”.
Para Félix Maradiaga, lo dicho por el Cardenal obedece a que “la Iglesia en Nicaragua ha sido obligada a callar para no comprometer la seguridad de otros religiosos y otros miembros del clero”.
“Nos corresponde, por tanto, a los laicos nicaragüenses y del mundo denunciar lo que está pasando en Nicaragua: una persecución a la Iglesia, inédita en América Latina”, subrayó.
En los últimos cinco años han ocurrido al menos 529 ataques de Ortega contra la Iglesia, y 90 de ellos fueron cometidos en lo que va del 2023, según el informe “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”.
Entre las agresiones, el documento detalla el encarcelamiento injusto de Mons.Rolando Álvarez, desde el mes de febrero. También informa de 32 religiosas expulsadas del país, siete edificios de la Iglesia confiscados por el régimen y diversos medios de comunicación cerrados.
