El juez federal Sebastián Casanello cerró el expediente penal contra Mauricio Macri en la que estaba acusado de haber firmado decretos de necesidad y urgencia en violación de la ley.
El fiscal Federico Delgado había pedido la desestimación de la denuncia, en un dictamen en el que sostuvo que la firma de los decretos no era "ilegal", más allá de su legitimidad. Poco margen tenía entonces el juez, que hoy afirmó: "Me veo impedido de pronunciarme a favor de la continuidad del proceso pues la ausencia de acusador determina inexorablemente su cierre".
Casanello afirmó además que es al fuero contencioso administrativo al que, en todo caso, tendrían que recurrir los denunciantes para que determine si se cumplen o no los requisitos constitucionales para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
Los DNU que obtuvieron dictamen fueron las modificaciones a la ley de Ministerios (13/15 y 223/15); la eliminación del artículo 52 de la ley de presupuesto 2016 (211/15); el traslado de las escuchas judiciales de la Procuración General (a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó) a la órbita de la Corte Suprema (256/15); la postergación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (257/16); y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel (276/16).
Por: Ivana Martinez
El fiscal Federico Delgado había pedido la desestimación de la denuncia, en un dictamen en el que sostuvo que la firma de los decretos no era "ilegal", más allá de su legitimidad. Poco margen tenía entonces el juez, que hoy afirmó: "Me veo impedido de pronunciarme a favor de la continuidad del proceso pues la ausencia de acusador determina inexorablemente su cierre".
Casanello afirmó además que es al fuero contencioso administrativo al que, en todo caso, tendrían que recurrir los denunciantes para que determine si se cumplen o no los requisitos constitucionales para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia.
Los DNU que obtuvieron dictamen fueron las modificaciones a la ley de Ministerios (13/15 y 223/15); la eliminación del artículo 52 de la ley de presupuesto 2016 (211/15); el traslado de las escuchas judiciales de la Procuración General (a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó) a la órbita de la Corte Suprema (256/15); la postergación de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (257/16); y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel (276/16).
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